En nuestro nunca bien valorado país muchos servicios de cara al público se llevan a cabo con cita previa. Esto incluye a los prestados por el Estado. Así, hay que pedir hora para llevar el coche al taller, acicalarse la imagen en una peluquería o asistir al médico en sistema público de salud. Sin embargo, siempre me ha resultado contradictorio de nuestra idiosincrasia -y extensible al antiguo imperio- que seamos, a pesar de la fama, rigurosos y puntuales para las citas del sector privado, pero desconsiderados, poco solidarios e indolentes con las citas públicas.

El español medio hará lo que haga falta para no perder la cita del taller o la peluquería, pero le da un poco igual no asistir a la consulta del médico de atención primaria o a la reserva para renovar el documento nacional de identidad. A pesar de ello, ese mismo ausente puede quejarse con vehemencia por la disminución de la calidad de la sanidad pública o de otros servicios del Estado a la vez de presentarse incapaz para sopesar su influencia en el problema.

Dadas las cosas, creo que no sería descabellado algún tipo de iniciativas compensatoria de estas debilidades latinas. Pongamos, por ejemplo, un cupo de ausencia anual, digamos de tres faltas, a partir de la cual se apliquen multas económicas (como pasa, por ejemplo, con las infracciones de tráfico) o castigos en forma de baja prioridad en la cola de asignación de citas.

Este tipo absentismo ciudadano es de los peores, ya que repercute directamente en todos nosotros por medio de las ineficiencias que introduce en el sistema (sin mencionar la cantidad de dinero que se pierde). Además, no se justifica en un país donde hay más móviles que gente: Cancelar una cita a la que no se puede asistir con un servicio del Estado es más sencillo que mandar una foto por whatsapp.

¡Indignaos!